La pandemia de covid dejó una enseñanza incómoda pero ineludible: la seguridad en salud no es un asunto técnico reservado a epidemiólogos y expertos en salud pública, sino un problema político, institucional y estructural. En México, como en buena parte del mundo, la crisis sanitaria reveló no sólo la fragilidad de los servicios de salud, sino también la ausencia de una visión de largo plazo para prevenir, detectar y responder a emergencias de salud pública de importancia internacional.
Hoy, nuestro país se encuentra ante una ventana de oportunidad excepcional. Por un lado, la aprobación de un acuerdo mundial histórico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias (Acuerdo sobre Pandemias) compromete a los Estados a fortalecer sus capacidades nacionales bajo un marco jurídicamente vinculante. Por otro lado, la selección de una propuesta de México en el Fondo para Pandemias, un mecanismo internacional de financiación alojado por el Banco Mundial, representa un respaldo financiero y político para cerrar brechas críticas en preparación y respuesta. Esto debería colocar a la seguridad en salud en el centro de la agenda nacional.
Sin embargo, la discusión no es si México ha sido invitado a estos esfuerzos, sino en cómo puede aprovecharlos plenamente para fortalecer sus capacidades. La pregunta central es, pues, cómo consolidar las condiciones institucionales que permitan cumplir estos compromisos y traducirlos en políticas sostenibles para la preparación y respuesta del país ante futuras amenazas sanitarias.
El Acuerdo sobre Pandemias
El Acuerdo sobre Pandemias es el segundo acuerdo jurídico internacional negociado en virtud del Artículo 19 de la Constitución de la OMS. Este Acuerdo fue concebido como un instrumento complementario al Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), con el propósito de reforzar la gobernanza global de la salud, subsanar brechas estructurales entre países y promover una respuesta más coordinada y equitativa ante futuras emergencias pandémicas. El acuerdo surge como respuesta a las deficiencias reveladas por la pandemia de covid, y establece un marco de principios, enfoques y herramientas para una mejor coordinación internacional. Su adopción, acordada durante la 78ª Asamblea Mundial de la Salud en 2025, compromete a los Estados a reforzar sus capacidades de prevención, vigilancia y respuesta ante amenazas sanitarias, incluido el acceso equitativo y oportuno a vacunas, tratamientos y diagnósticos.
No obstante, para el contexto mexicano, estos compromisos contrastan con una realidad nacional marcada por la fragmentación institucional, los procesos recurrentes de reestructuración del sector, la debilidad de los mecanismos de coordinación intersectorial y la politización persistente de la salud pública. A ello se suman los cambios frecuentes en las reglas de operación y una coordinación intermitente entre las autoridades federales y estatales, que limitan la implementación coherente de políticas de largo plazo. Durante la última pandemia, las diferencias en criterios de vigilancia, gestión de riesgos, disponibilidad de pruebas y capacidad hospitalaria entre entidades federativas evidenciaron la ausencia de un sistema verdaderamente integrado de seguridad en salud.
El acuerdo exige una gobernanza en salud pública que México aún no consolida. La persistencia de vacíos de autoridad, la superposición de responsabilidades y la debilidad de los mecanismos técnicos independientes plantean un riesgo claro: que los compromisos internacionales se traduzcan sólo en adecuaciones normativas formales, sin impacto real en la capacidad de respuesta. El riesgo es que el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias sea incorporado al discurso sin generar transformaciones sustantivas en la forma en que el Estado concibe y gestiona la seguridad en salud.
El Fondo para Pandemias
El Fondo para Pandemias —una plataforma multilateral operada por el Banco Mundial con apoyo técnico de la OMS y sus oficinas regionales— se estableció en 2022 a partir de las lecciones aprendidas de la pandemia de covid para invertir, de manera anticipada, en capacidades críticas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias en países de ingresos bajos y medianos. En su tercera convocatoria mundial, y con la asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México fue seleccionado gracias a la solidez de una propuesta que destacó por su capacidad de articulación intersectorial y el énfasis en las regiones fronterizas. Titulada Advancing Cross-Border Pandemic Preparedness: Mexico’s Systemic and Cost-Effective Approach to Strengthening Early Warning, Surveillance, and Detection Systems through a One Health Framework, la iniciativa presentada por la Secretaría de Salud de México plantea un enfoque sistémico y costo-efectivo para fortalecer los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección bajo un marco intersectorial (Una Sola Salud).
La selección de México es, sin duda, una señal muy positiva. La subvención de 25 millones de dólares constituye un catalizador relevante —y muy oportuno— para fortalecer la preparación del país ante futuras pandemias. Más allá del monto, su verdadero valor reside en su destino:
Modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica; ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios; fortalecer la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud; capacitar a personal bajo el enfoque integral Una Sola Salud, que articula la salud humana, animal y ambiental.
El verdadero desafío no consiste en ejecutar una propuesta técnicamente sólida, sino en evitar que los fondos se diluyan en proyectos aislados, sin continuidad ni impacto sistémico. El financiamiento internacional puede impulsar avances importantes, pero no sustituye la necesidad de reformas estructurales. Sin una estrategia clara de integración y sostenibilidad, los recursos corren el riesgo de dispersarse en proyectos técnicamente correctos, pero institucionalmente frágiles.
Cumplir la propuesta
Más allá del diseño aprobado, el cumplimiento de la propuesta financiada enfrenta obstáculos profundos. El primero es de gobernanza: México carece de un esquema robusto que articule a los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados en la seguridad sanitaria. El segundo es la fragmentación: la coexistencia de múltiples subsistemas con reglas, capacidades y prioridades distintas dificulta la implementación homogénea de estrategias nacionales. El tercero es la capacidad operativa desigual: persisten brechas significativas en vigilancia epidemiológica, genómica, bioinformática y en la formación de personal especializado, especialmente a nivel subnacional. Mientras algunas entidades cuentan con laboratorios modernos y personal capacitado (como Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco o Sonora), otras tienen que resolver brechas tecnológicas, riesgos de infecciones por falta de equipo de protección personal, falta de presupuesto para el mantenimiento de equipo e instalaciones, y recortes presupuestales constantes. Esta asimetría fue evidente durante la pandemia, cuando la detección temprana y el seguimiento de casos variaron significativamente entre regiones.
Un cuarto reto es la planeación y evaluación: México ha tenido dificultades para sostener indicadores claros, permitir evaluaciones independientes (como la Evaluación Externa Voluntaria y la Evaluación Externa Conjunta de las capacidades básicas de OPS y OMS, respectivamente) y desarrollar mecanismos de corrección en políticas de salud. En este contexto, existe el riesgo de que el cumplimiento de la propuesta financiada se mida en términos administrativos —informes entregados, talleres realizados— más que en mejoras tangibles de la capacidad de preparación y respuesta. Finalmente, está el desafío de la sostenibilidad: el Fondo Pandémico tiene un horizonte temporal definido (entre dos y tres años de ejecución), mientras que la seguridad en salud exige inversiones continuas y decisiones que trascienden los ciclos políticos para garantizar la sostenibilidad. Sin una visión y política de Estado, los avances logrados no abonarán a la justicia social ni a la equidad en salud.
De gestionar crisis a la política de Estado
México ha demostrado una notable capacidad para movilizar recursos durante emergencias, pero también dificultades para invertir de manera sostenida en prevención. El Acuerdo de la OMS sobre Pandemias y el Fondo para Pandemias del Banco Mundial ofrecen la posibilidad de romper con esa lógica, siempre que se reconozca a la seguridad sanitaria como un bien público estratégico (comparable a la seguridad energética o la seguridad nacional), cuya eficacia requiere también de inversiones para reducir la dependencia de cadenas externas de suministro de insumos, productos y servicios durante las crisis.
En un contexto marcado por la diversidad geográfica, la alta movilidad poblacional y profundas desigualdades sociales, la propuesta mexicana resulta fundamental para la seguridad nacional. El financiamiento permitiría avanzar en la gestión de la información, así como en el fortalecimiento de los Centros Colaboradores de la OMS que ya existen en México. También podría impulsar la integración de la vigilancia de la salud humana, animal y ambiental, apoyado en el uso de tecnologías avanzadas de monitoreo —como la secuenciación genómica, el análisis bioinformático y los sistemas de información geográfica—, siempre que se acompañe de una inversión sostenida en la formación de recursos humanos en salud capaces de analizar datos complejos, comunicar riesgos y coordinar respuestas efectivas. Las universidades —tanto públicas como privadas— pueden aportar experiencia, capacidades y talento humano en este sentido.
Modernizar la seguridad en salud implica aceptar que la prevención no es visible ni rentable políticamente en el corto plazo, pero resulta indispensable para evitar costos humanos, sociales y económicos devastadores.
Conclusión
México se encuentra en un punto de inflexión. Los compromisos internacionales y el financiamiento externo crean condiciones favorables, pero la verdadera transformación depende de nuestra capacidad para fortalecer la preparación y la respuesta desde el contexto mexicano.
Superar los obstáculos descritos exige avanzar hacia una instancia nacional de seguridad en salud con capacidad real de coordinación; establecer reglas obligatorias de interoperabilidad entre subsistemas; priorizar inversiones subnacionales en vigilancia epidemiológica y formación de personal con criterios de equidad; adoptar indicadores públicos y evaluaciones externas que orienten decisiones basadas en evidencia; y asegurar un financiamiento multianual protegido que consolide la seguridad en salud como una política de Estado.
Sin reformas en gobernanza, fortalecimiento de capacidades y rendición de cuentas, el país corre el riesgo de repetir los patrones observados durante la última pandemia, esta vez bajo el marco de nuevos acuerdos globales.
Este artículo expresa los puntos de vista personales del autor y no refleja la posición de la institución donde trabaja
J. Alberto Díaz Quiñonez
Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Región Ciudad de México. Actualmente preside la Sociedad Mexicana de Salud Pública.